Reforma laboral: “Claro retroceso”

El jueves 12 de Julio se realizó en nuestra Sala Arturo Jauretche una charla sobre la reforma laboral en la que se pretende avanzar desde el Gobierno Nacional. La misma estuvo a cargo del Dr. Damián Bes, abogado laboralista y docente universitario, que es nuestro asesor legal y además trabajó desde muy joven en un banco desarrollando una breve carrera gremial que lo llevó a formar parte del Secretariado de la Seccional Mar del Plata.

Transcribimos a continuación, una síntesis de su exposición:

Vamos a analizar el Proyecto de Reforma Laboral que ingresó en el Congreso de la Nación a fines de Abril de 2018 (el año pasado se había presentado otro aún más desfavorable para los trabajadores que no tuvo tratamiento legislativo, ya que el clima político post reforma previsional no le daba margen de maniobra al oficialismo).

En el corriente año, se desdobló el proyecto de ley original en dos. Se presentó uno denominado “REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO REGISTRADO, LUCHA CONTRA LA EVASIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL” y otro, “CAPACITACIÓN LABORAL CONTINUA”.

Podríamos coincidir en que nadie estaría en contra de dichos títulos, pero en cuanto analizamos sus contenidos advertimos que todas las modificaciones atentan contra derechos existentes de los trabajadores, por lo cual lo primero que debemos es denunciar la vulneración del principio de progresividad laboral consagrado en la Constitución Nacional (y expresamente por la Constitución de la Prov. de Buenos Aires en su artículo 39).

Esto es así principalmente porque se insiste con la modificación del artículo 12 de la LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 20.744 (en adelante LCT). Con el texto legal actual resultan irrenunciables los derechos obtenidos de manera general (por ej. Convenio Colectivo) o individual (por ej. contrato de trabajo).

A lo que la reforma apunta es a claudicar los derechos fundamentales, abriendo dicho camino a través de la homologación (judicial o administrativa) de cualquier modificación de derechos.

Se retrocederían décadas en materia laboral, ya que la pretensión es poner en un pié de igualdad al trabajador y al empleador, situación irreal, ya que todo quien haya trabajado en relación de dependencia, sabe, conoce y ha vivido, la asimetría en el poder de negociación que tiene el trabajador respecto al del empleador.

Esta inconstitucional igualación, es además rechazada por los organismos internaciones que se ocupan de la materia, como por ejemplo la OIT.

Otra reducción de derechos se observa en los montos indemnizatorios por despido incausado, ya que se retiran conceptos de la base de cálculo. Nuestra Jurisprudencia los interpreta como incorporados, siguiendo la línea del Convenio 95 de la OIT (art. 1ro.), mientras que con esta reforma se busca recortar dicha base de cálculo, y por ende la protección que el trabajador tiene garantizada por el artículo 14bis de la CN contra el despido arbitrario.

El proyecto contempla beneficios para los empleadores que formalicen las relaciones laborales que no estén registradas, pero insólitamente deja afuera de dicha posibilidad a los trabajadores de casas particulares, sector que históricamente resulta ser el más afectado por la informalidad en la contratación.

Se eliminan (y/o morigeran) sanciones existentes contra la falta o deficiente registración, con lo cual parece que el objetivo de luchar contra ella mencionado en el título del proyecto, es meramente declarativo. Además de bajar el impacto económico de las mismas, se modifica el destinatario de dichas compensaciones. Actualmente el importe se direcciona directamente al trabajador afectado por el “negreo” de la relación laboral, mientras que de prosperar la reforma el monto abonado por estas multas será para el Estado en cabeza de la AFIP.

Se pretende implementar un FONDO DE CESE LABORAL, que deberá definir cada sector en paritarias. Es uno de los puntos que recibe rechazos tanto del sector trabajador así como del sector empleador. Agrava las cargas sociales, con una suma que deberá abonarse mes a mes, y que estará a costa del empleador. Con esos aportes, se generará un fondo que eventualmente se utilizará para pagar las indemnizaciones laborales, en reemplazo del sistema actual. Una suerte de cuenta de capitalización individual de cada trabajador, cuyos dineros administrará cada ente sectorial creado al efecto. Algo nunca visto, es que contempla la posibilidad de utilizar dichos fondos para un “programa general de retiro voluntario o de desvinculación anticipada”, expresión textual extraída del texto del proyecto, que genera alarma en el marco del creciente desempleo existente.

Por otro lado se busca modificar el sistema de pasantías educativas vigentes, derogando la Ley 26.427, para establecer un esquema similar pero menos beneficioso para los jóvenes que sean incorporados en dicho sistema.

Contempla la edad de 18 años como inicial, y todo el régimen estará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (en lugar del Ministerio de Educación, lo que demuestra su preeminencia laboral a pesar de que lo nieguen). Los trabajadores que presten tareas bajo este sistema no cobrarán salario, sino una asignación, la que curiosamente será determinada tomando como base el “sueldo básico” de cada convenio colectivo, calculado en forma proporcional a la jornada.

Por el sistema de contratación no tendrán derecho a percibir asignaciones por maternidad, licencias, aportes jubilatorios, etc., sin posibilidad de sindicalizarse.

Podrá extenderse hasta 18 meses, y con una carga horaria de 130 horas mensuales (la que puede aumentarse en períodos de receso escolar). A esto se agrega que el empleador que mantuvo a un trabajador bajo esta modalidad de contratación, podrá hacer uso del período de prueba de la LCT, con lo cual en los hechos podría tener a un trabajador hasta dos años en relación laboral y despedirlo sin abonarle ningún tipo de compensación, quedando dicho trabajador desprotegido contra el despido arbitrario (violando nuevamente el artículo 14bis de nuestra carta magna).

La conclusión del análisis de los proyectos presentados es, por un lado, que implican un claro retroceso de derechos para el sector trabajador y, por el otro, que tampoco resuelven los problemas reales del sector empleador.

Las empresas necesitan reducir el enorme costo mensual que soportan (aún más gravoso para las pymes) impositivo y de cargas sociales, y eso no sucederá con esta reforma. Además se encuentran inmersas en un país en donde, producto de las políticas económicas, el acceso al crédito se vuelve imposible, ya que implica solventar tasas exorbitantes e impagables.

Con lo cual, de convertirse en ley estos proyectos, no se generará trabajo de calidad, sino que por el contrario, en un marco de inflación y recesión como el actual, se tenderá a la consecución de la destrucción del empleo existente.